Ante la presión de Estados Unidos para desregular, los países latinoamericanos buscan nuevos socios para una agenda ASG (ambiental, social y de gobernanza). Mientras China se presenta como defensora de la sostenibilidad, la UE, que solía marcar el estándar, está perdiendo fuerza y ahora debe decidir de qué lado de la historia quiere estar. Si bien las instituciones de Bruselas han declarado históricamente su compromiso con la defensa del estado de derecho y la protección de las personas y el planeta, la principal preocupación en el contexto actual parece ser la competitividad y el mantenimiento de la cuota europea en el mercado mundial. La UE necesita considerar urgentemente las consecuencias a largo plazo de sus acciones a corto plazo.
Desde principios de 2025, ha aumentado la presión, principalmente por parte del nuevo gobierno de los EE.UU. sobre las empresas para que abandonen las políticas y prácticas ASG, y sobre los actores financieros para que reduzcan sus inversiones ESG.
Tras asumir el cargo en enero de 2025, el presidente estadounidense Donald Trump y su administración han calificado cualquier esfuerzo por abordar cuestiones relacionadas con los derechos humanos o el clima como parte de la llamada cultura woke, tachándolo de perjudicial para la sociedad y para las empresas. Una de las primeras medidas del nuevo gobierno estadounidense, en su primer día, fue retirarse del Acuerdo de París, lo que significa que el país y las empresas domiciliadas bajo su jurisdicción ya no están formalmente comprometidas con la mitigación del cambio climático y la reducción de sus emisiones de gases de efecto invernadero para limitar el calentamiento global. A partir de entonces, el sentimiento anti ASG comenzó a crecer de manera constante.
El sector energético como campo de batalla de la agenda ASG
La mayor parte del debate sobre las políticas ASG ha girado en torno al sector energético. El presidente Trump emitió en abril de 2025 una orden ejecutiva titulada «Proteger la energía estadounidense de la extralimitación de los estados», en la que se afirma que los estados han promulgado o están promulgando «políticas energéticas o sobre el cambio climático onerosas e ideológicamente motivadas que amenazan el dominio energético estadounidense y nuestra seguridad económica y nacional». Esta orden es un intento de socavar la capacidad de los estados para regular las operaciones del sector energético en lo que respecta al impacto ambiental que este tiene en sus jurisdicciones, imponiendo la agenda anti ASG directamente desde el gobierno federal de EE. UU. Además, la administración estadounidense ha aplicado políticas que favorecen la producción de combustibles fósiles. Han afirmado que la verdadera crisis sería la «pobreza energética» si el mundo abandonara el petróleo y el gas.
En mayo de 2025, un estudio del Conference Board, basado en una encuesta realizada a 125 ejecutivos de sostenibilidad y medio ambiente, sociales y de gobernanza de empresas líderes estadounidenses y multinacionales, reveló que aproximadamente el 80 % de esas empresas están ajustando sus políticas ASG para mitigar el riesgo legal y político, tratando así de navegar por el actual momento político de mayor escrutinio.
Los inversionistas también están actuando con cautela. Según datos de Morningstar, el apoyo a las resoluciones de los accionistas que presionan a las empresas con sede en Estados Unidos para que realicen reformas medioambientales y sociales cayó a un promedio del 16 % (para el periodo comprendido entre julio de 2024 y junio de 2025), la mitad de la tasa de 2022.
China ¿a contracorriente?
Mientras tanto, China ha seguido una trayectoria diferente, avanzando lenta pero constantemente hacia una mayor transparencia e inversiones verdes. A pesar de las observaciones comunes de que las prácticas son como selectivas e inconsistentes, los sucesos actuales sugieren una tendencia positiva. A principios de 2024, bajo la dirección de la Comisión Reguladora del Mercado de Valores de China (CSRC), las tres bolsas de valores del país publicaron lineamientos para la presentación de informes ASG, que obligan a las empresas que cotizan en el mercado nacional y en el extranjero a divulgar sus datos ASG en 2026, e invitándolas a hacerlo voluntariamente desde 2025. Las directrices abarcan una amplia gama de cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza, entre las que se incluyen el cambio climático, la contaminación, la gestión de residuos, las contribuciones sociales y las contribuciones al desarrollo rural. Alrededor de 450 de las mayores empresas que cotizan en China están sujetas a los requisitos de divulgación.
Hacia finales de 2024, el Ministerio de Finanzas publicó las Normas básicas para la divulgación de información sobre sostenibilidad corporativa, con requisitos generales para la divulgación de información sobre sostenibilidad por parte de las empresas que operan en China. Se trata de la primera norma unificada de este tipo en el país y, aunque inicialmente la divulgación de esta información es voluntaria, el Ministerio ha señalado que tiene la intención de introducir requisitos obligatorios para las empresas que cotizan en bolsa, con una ampliación gradual para incluir a las empresas no cotizadas en bolsa para 2030. En septiembre de 2025, el Ministerio de Finanzas también publicó su Guía de aplicación de las normas, en la que se ofrecen instrucciones detalladas a las empresas.
Además, a partir del 1 de octubre, ha entrado en vigor en China el Catálogo de proyectos respaldados para la financiación verde, que crea un nuevo sistema de categorización para determinar qué actividades económicas pueden recibir fondos de productos financieros verdes.
Latinoamérica: avances contra todo pronóstico, pero ¿hasta cuándo?
Mientras que los dos gigantes -Estados Unidos y China- parecen avanzar en direcciones opuestas, América Latina parece haberse quedado atrapada en medio. Los gobiernos de la región han logrado avances importantes en el aumento de los requisitos de transparencia, y las empresas han incorporado la perspectiva ASG en sus prácticas, pero al mismo tiempo se percibe una presión creciente sobre los mercados latinoamericanos para que se desregulen.
Durante 2025, la agenda de sostenibilidad en la región ha seguido avanzando en pasar de iniciativas voluntarias a un imperativo estratégico y normativo. Esta tendencia está impulsada por los crecientes requisitos de gobiernos y inversionistas, así como por la presión de los consumidores, lo que convierte la integración de los criterios ASG en un factor importante para operar y acceder al capital. Países como Brasil, Chile, Colombia y México han avanzado hacia la adopción de informes obligatorios alineados con las normas internacionales, incluidas las directivas europeas.
Las autoridades bursátiles de Brasil impondrán a las empresas que cotizan en bolsa la obligación de divulgar su impacto en materia de ASG a partir de 2026, incluyendo las emisiones de gases de efecto invernadero, el uso del agua, la gestión de residuos, la gestión del riesgo climático, los derechos humanos, las relaciones laborales y la gobernanza corporativa. La divulgación voluntaria comenzó en 2024.
La Comisión del Mercado Financiero de Chile estableció una norma para la divulgación de información ASG en 2022, y en 2024 añadió elementos como la obligación de utilizar las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) a partir de 2026 y una nueva obligación de informar sobre las cuotas de género en los consejos de administración en 2027.
Colombia también ha avanzado, con la entrada en vigor en marzo de 2025 de los requisitos de los reguladores bursátiles en materia de información no financiera.
En 2023, México desarrolló una taxonomía sostenible, con el objetivo de aumentar la inversión en proyectos y actividades económicas que promuevan el cumplimiento de los objetivos ambientales y sociales del país y sus compromisos internacionales en materia de sostenibilidad. En 2025, el objetivo es orientar las inversiones hacia la mitigación y la adaptación al cambio climático, y promover la igualdad de género.
En términos generales, en Latinoamérica la crisis climática sigue siendo el pilar central de la agenda de sostenibilidad, lo que empuja a las empresas hacia ambiciosos objetivos de neutralidad en carbono y cero emisiones netas. La presión para medir y gestionar la huella de carbono se está extendiendo ahora a las pequeñas y medianas empresas (Pymes), lo que crea una serie de tensiones y retos, especialmente cuando se trata de aplicar criterios ASG a Pymes que no tienen la capacidad suficiente para implementarlos adecuadamente.
Los derechos humanos también son un elemento clave de la dimensión social, en particular la reducción de la desigualdad en la región más desigual del mundo. A pesar de los retos, numerosas empresas latinoamericanas están emergiendo como líderes mundiales en materia de ESG, lo que demuestra que el crecimiento financiero y los sólidos resultados en materia de sostenibilidad se refuerzan mutuamente.
En ese sentido, 2025 habría sido el año en el que la integración de estos criterios se volvería inevitable para que las empresas se alinearan con marcos internacionales diferentes y complejos, posicionando el cumplimiento temprano no como un obstáculo, sino como una oportunidad crítica que abriría el camino para que América Latina alcanzara el liderazgo del mercado. Pero ahora, con la presión sobre los mercados internacionales que ejerce Estados Unidos a través de los aranceles, la ola antirregulatoria y el sentimiento anti-ASG, esto puede empezar a cambiar. Los gobiernos, las empresas y los inversionistas de todo el mundo están preocupados por las disputas comerciales entre China y Estados Unidos, y siguen de cerca la posición a medio plazo de la administración Trump.
¿Está Europa cediendo el liderazgo en algo más que la agenda ASG?
En este contexto, muchos consideraban a la Unión Europea (UE) como una potencia mundial que mantendría sus compromisos con la sostenibilidad, la presentación de informes ASG y la debida diligencia corporativa en materia de derechos humanos. En los últimos años, la UE ha desarrollado un conjunto de directivas que avanzan en los requisitos para las empresas en estas áreas. La Taxonomía para las Actividades Sostenibles de 2020 de la UE, la Directiva sobre la Información Corporativa en Materia de Sostenibilidad (CSRD) y el Reglamento sobre la Deforestación Cero, ambos en vigor desde 2023, y la Directiva sobre Debida Diligencia en Sostenibilidad Corporativa (CSDDD) de 2024, cambiaron el panorama normativo de las operaciones empresariales. Estas regulaciones fueron bien recibidas por un amplio grupo de actores de la sociedad civil, titulares de derechos, empresas e inversionistas. Se esperaba que proporcionaran seguridad jurídica a los actores privados y una oportunidad de prevención y reparación a las comunidades afectadas por las actividades empresariales.
Los proveedores latinoamericanos de las empresas europeas se estaban preparando para cumplir con la normativa, y muchos gobiernos latinoamericanos identificaron a la UE como un aliado potencial para definir normas globales y resistir así las medidas regresivas del presidente Trump.
En una medida preocupante, supuestamente para impulsar la competitividad europea y reducir las cargas de cumplimiento de las empresas, la Comisión Europea presentó la propuesta Ómnibus 1 en febrero de 2025, que modificaba los requisitos de la CSDDD y la CSRD y reducía drásticamente el umbral de las empresas incluidas en su ámbito de aplicación. Una reciente decisión del Parlamento Europeo reforzó la propuesta, reduciendo estas regulaciones y retrasando la presentación de informes hasta 2028. En las negociaciones entre la Comisión, el Parlamento y el Consejo, los tres órganos han llegado a un acuerdo que será ratificado en el Parlamento en los últimos días de 2025.
Aunque las instituciones de Bruselas han declarado históricamente su compromiso con la defensa del estado de derecho y la protección de las personas y el planeta, la principal preocupación en el contexto actual parece ser la competitividad y el mantenimiento de la cuota de mercado mundial de Europa. Tras meses de tensiones en torno a los aranceles entre Estados Unidos y la UE, ambos gobiernos llegaron a un acuerdo en julio de 2025. Desde entonces, los debates sobre la propuesta ómnibus parecen haberse acelerado, llegando a la votación en el Parlamento el 12 de noviembre. Parece que la presión ejercida sobre la Unión Europea en el contexto actual está dando resultados a quienes están interesados en la desregulación, lo que resulta problemático dado el contexto global.
Para Latinoamérica, este cambio en la posición de la UE, que ha pasado de ser líder en materia de normativas ASG a suavizar sus requisitos incluso antes de que se hubiera iniciado su implementación, plantea importantes interrogantes. ¿Continuarán los gobiernos con sus esfuerzos por impulsar requisitos obligatorios de ASG y sostenibilidad para las empresas o capitularán ante las imposiciones de la administración estadounidense?
Como muestran los ejemplos anteriores, los gobiernos progresistas de la región están cumpliendo actualmente sus compromisos. Sin embargo, se avecinan elecciones en Chile en 2025 y en Colombia y Brasil en 2026, lo que podría cambiar el panorama político y repercutir en la postura de esos países con respecto a la regulación del comportamiento empresarial, incluida la publicación de informes ASG.
Con la retirada de la UE como líder en la materia y los ataques de EE.UU. a la agenda ESG, China podría emerger como un actor clave en esta región, puesto que ya es un socio comercial esencial para los países latinoamericanos. Aunque las partes interesadas de toda Latinoamérica tengan reservas sobre el compromiso de China con la sostenibilidad, dada la historia de impactos ambientales y sociales de las inversiones chinas, Pekín tendrá la oportunidad de asumir el liderazgo en este ámbito.
La política actual de Bruselas parece indicar a sus socios del Sur global que los criterios ASG no serán una prioridad para la UE en los próximos años. En el caso de Latinoamérica, en particular, esto podría suponer una oportunidad perdida. Con importantes líderes que se resisten a lo que viene del gobierno estadounidense y mantienen sus compromisos de incorporar la transparencia y la rendición de cuentas, la UE podría optar por fortalecer sus alianzas en la región y demostrar que será un aliado duradero de los países latinoamericanos.
Lo que está en juego en un nuevo entorno geopolítico
Hay mucho en juego. Las empresas llevan años incorporando criterios ASG en sus operaciones y en sus informes, y muchos gobiernos de todo el mundo han avanzado en materia de regulación. Alejarse de estas prácticas y compromisos podría ser percibido por los responsables políticos europeos como una solución a corto plazo, pero es muy probable que a la larga resulte ser un error. Como han declarado en múltiples comunicados las empresas, los inversionistas y los actores de la sociedad civil, el camino hacia los criterios ASG ya ha comenzado y es un camino sin retorno, especialmente en el contexto de la crisis climática. Es lo que nuestro planeta y nuestras sociedades necesitan.
La pregunta sigue siendo: ¿de qué lado de la historia se situará la Unión Europea y si recuperará su liderazgo como socio clave para Latinoamérica? Por el contrario, en un momento en que Bruselas se ve presionada por la competencia de nuevas grandes potencias, los políticos europeos deben considerar qué queda de la identidad (geo)política global de la UE si las sociedades potencialmente aliadas ya no la asocian con modelos de solidaridad y buen gobierno.
Los puntos de vista y las opiniones expresadas en este artículo no necesariamente reflejan los de la Fundación Heinrich Böll o la oficina de Diálogo Global.
Este texto se basa en los debates de la "Delegación de expertos sobre cambios de poder globales" (una iniciativa de la Fundación Heinrich Böll). Este evento, de una semana de duración, reunió a académicos y profesionales de la red global de la fundación en torno a la geopolítica, China y el papel de la UE, y tuvo lugar en Bruselas a principios del verano de 2025.
La versión original (en inglés) de este artículo está disponible en este sitio: eu.boell.org